FUNCIONARIOS DE MACRI DENUNCIADOS POR LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Fueron acusados de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” por el hallazgo de 600.000 dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana en Aduana.
La Oficina Anticorrupción denunció hoy a los ministros de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y otros ex funcionarios, por el hallazgo de 600.000 vacunas vencidas en Aduana Nacional.
La denuncia, que fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, está dirigida e involucra a 13 funcionarios responsables del manejo de las campañas y planes de vacunación, entre los que figuran Adolfo Rubinstein, Jorge Lemus, Andrés Scarzi, Susana Devoto y Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social en el momento en el que el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría.
La presentación realizada se hizo con motivo de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” y está relacionada con el hallazgo, en Aduana, de 600.000 dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana que integra el Plan Nacional de Vacunación.
“Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento”, manifiesta la denuncia.
Habiendo realizado una minuciosa descripción de los procesos administrativos realizados por la gestión sanitaria del gobierno del ex presidente Macri, la Oficina Anticorrupción consideró que “la caída de la tasa de distribución de la vacuna triple bacteriana acelular verificada en el año 2018, implicó una menor tasa de vacunación contra la coqueluche, la difteria y el tétanos, circunstancia que como vimos guardaría estrecha relación con el aumento de casos de dichas patologías durante el año siguiente”.
Por ese motivo, la oficina que actualmente lidera el ex fiscal Félix Crous evaluó como probado que la gestión anterior omitió la distribución y aplicación de las mencionadas dosis y que, por encontrarse disponibles para su uso, es responsable de “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Se trata de un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
La compra de las dosis de la vacuna “dTap”, o vacuna triple bacteriana acelular, implicó para el Estado una erogación superior a los U$S 6.5 millones.
