¿SE CAE LA CAUSA CUADERNOS?
La Sala I de la Cámara de Casación definirá en los próximos días si las declaraciones de los arrepentidos tienen validez en la investigación, además de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la Ley del Arrepentido.
La Cámara Federal de Casación Penal definirá en los próximos días la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la Causa Cuadernos y se pronunciará sobre la constitucionalidad de la norma que dio lugar a las mismas, luego de una serie de planteos de las defensas de los imputados.
La decisión recae sobre la Sala I del máximo tribunal penal, a cargo de Diego Barroetaveña, Ana maría Figueroa y Daniel Petrone. Según confirmaron fuentes judiciales, desde el viernes trabajan en los detalles de un fallo cuyos votos ya están redactados.
En la Causa Cuadernos, que fue dividida en varios expedientes y tiene entre sus imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio de Vido, cuenta con declaraciones de 31 “arrepentidos” que buscaron recuperar su libertad o penas más bajas en caso de ser condenados.
En ese sentido, el fallo de Casación debe abarcar tres grandes ejes: la constitucionalidad (o no) de la ley del arrepentido, su utilización en la Causa Cuadernos (que investiga hechos previos a su sanción) y la forma en que fue aplicada, ya que no constan registros técnicos para corroborar las declaraciones de los arrepentidos.
Las objeciones fueron planteadas por las defensas del ex ministro de Planificación, Julio de Vido (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro); del exfuncionario de Planificación Hernán Gómez (Laura Fechino); del extitular de la UIA Juan Lascurain (Marcelo Mónaco y Damián Real) y del empresario Gerardo Ferreyra (Eduardo Barcesat).
A mediados de septiembre, cuando los planteos de las defensas comenzaron a tratarse, Casación pidió “con carácter de urgente”, al juzgado de instrucción, el envío de “soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos.
A fines de septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -subrogante en el juzgado vacante tras el fallecimiento de Claudio Bonadío– respondió que no estaban allí las grabaciones solicitadas y luego Casación continuó, sin éxito, la búsqueda en la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli y en el tribunal y la fiscalía que intervendrán en el juicio oral y público.
El reclamo de Casación confirmó lo que ya se sabía: que las declaraciones de los arrepentidos no fueron grabadas en ningún formato y que su único asiento son las actas escritas; hecho que las defensas de los imputados cuestionan tras resaltar la ley 27.304 establece que deben “registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.
Otro de los planteos de las partes apunta a que la ley del arrepentido pudo haberse aplicado en este expediente con un criterio coactivo, dado que en muchos casos los imputados que confesaron supuestas participaciones en delitos lo hicieron a sabiendas que, de hacerlo, tenían más posibilidades de recuperar su libertad tras haber sido detenidos por orden de Bonadio.
“No hay sortijas para todos”, fue el mensaje con el que el fiscal Stornelli advirtió en su momento a los abogados de los imputados detenidos, en un mensaje que aludía a que quienes dieran algún dato útil a la fiscalía verían aumentadas sus chances de ser excarcelados.
“La ley del arrepentido, en un sistema como el nuestro, viola la igualdad de armas porque el Ministerio Público Fiscal, que es una de las partes del proceso, es el encargado de llevar adelante la negociación con los acusados”, sostuvo uno de los abogados que reclamó la inconstitucionalidad de la ley.
En los planteos presentados ante Casación, también hubo abogados que resaltaron que no debería aplicarse a este caso una ley votada en el 2016 porque se investigan hechos ocurridos supuestamente en el año 2003.
El caso de los cuadernos explotó a fines de julio de 2018 cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones de empresarios y exfuncionarios kirchneristas a los que acusó de formar parte de una asociación ilícita encabezada por la ex mandataria y dedicada a recolectar coimas vinculadas a las asignaciones de obra pública.
La información que dio origen a la causa surgía de las fotocopias de los cuadernos supuestamente escritos por Centeno, que dijo haber anotado los viajes del exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, a quien señaló como una suerte de recaudador de coimas.
Mientras el caso avanzó sin los originales de los cuadernos, una larga lista de empresarios accedió a suscribir acuerdos de arrepentimiento con el fiscal Stornelli: el primero fue Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux, y luego le siguieron otros como Ángel Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri) o Aldo Rogio y exfuncionarios como Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales.
