LA CAUSA POR ESPIONAJE ILEGAL SUMA UN NUEVO EJE A LA INVESTIGACIÓN

Los fiscales del caso pidieron ampliar las indagatorias de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por presuntas maniobras de espionaje a ex funcionarios y empresarios detenidos en cárceles. Consideraron que hubo complicidad del Servicio Penitenciario.

Los fiscales de las causas de espionaje que se tramitan en el juzgado de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron hoy que sean ampliadas las indagatorias de los ex líderes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje ilegal a detenidos en cárceles.

Además de los ex titulares de la AFI, pidieron que se amplíen las indagatorias de otras 23 personas, ex agentes de la agencia que ya fueron indagados, ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), incluído su ex director Emiliano Blanco, y ex agentes del área de Jurídicos de la AFI.

Este pedido de ampliación de indagatorias presentados por los fiscales de la causa ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, está vinculado con el “Legajo 9”, donde se investigan maniobras de espionaje ilegal llevadas a cabo por ex agentes de la AFI y funcionarios penitenciarios sobre personas detenidas, entre las que se encontraban ex funcionarios y empresarios.

De esta forma, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora, con Juan Pablo Augé como juez y los fiscales Incardona y Eyherabide, quedó subdividida en tres ejes: la inteligencia realizada sobre el Instituto Patria; el espionaje penitenciario; y el espionaje a políticos, empresarios, periodistas y dirigentes gremiales.

Para esta investigación, los fiscales pusieron especial atención al papel que pudieron haber jugado, dentro de la estructura ilegal que funcionaba, el área de jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia. La misma fue reconfigurada durante la presidencia de Mauricio Macri y pasó de encargarse a asuntos formales con el Poder Judicial a realizar trabajos operativos y tareas de escucha y transcripción, entre otras cosas.

En el dictamen se consideró que los imputados “se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal”.

“También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos”, mencionaron los fiscales en el escrito de 196 páginas que presentaron.

Las maniobras de inteligencia ilegal “alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales”. También a “agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares”.

“Si bien para el espionaje de este conjunto de víctimas la inteligencia desde el SPF tuvo un rol crucial, la información generada desde allí fue tributaria de los objetivos de espionaje ilegal establecidos desde los imputados de AFI, quienes recibieron como insumo la información generada desde el sistema carcelario, la llevaron a instancias ulteriores y a su vez no limitaron su propósito de espionaje ilegal sobre personas detenidas al SPF, sino que también lo extendieron a establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense”, señalaron los fiscales.

Previamente, habían detallado que -según la investigación- los acusados realizaron tareas destinadas “a la obtención, reunión, sistematización y análisis de información sobre las personas mencionadas por el solo hecho de su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaban previamente”.

Incardona y Eyherabide manifestaron que el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) implementado por el gobierno de Mauricio Macri en algunos pabellones de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz “fue utilizado como una fuente de información directa”. En ese sentido, esto le habría permitido a los acusados “la obtención, transmisión y almacenamiento de información que por ley se encuentra vedada”.

“Desde el SPF, este circuito se sirvió de la utilización espúrea de un sofisticado marco normativo, creado y pensado para reducir los índices de corruptibilidad de las personas detenidas que antes habían revestido la calidad de funcionarios públicos, que tenían un alto poder adquisitivo o que representaban un conflicto para la Dirección Nacional del SPF”, señalaron los fiscales.

En el dictamen, los acusadores señalaron que una serie de resoluciones dictadas por el exdirector del SPF, Emiliano Blanco, permitieron aumentar la cantidad de funciones a la Dirección de Análisis de la Información de ese organismo, y crearon otras oficinas y departamentos, que funcionaron por fuera de la supervisión administrativa del Servicio Penitenciario, lo que facilitó el supuesto espionaje ilegal.

Parte de esa información fue a parar a manos de agentes de AFI y se utilizó “con propósitos de espionaje adicionales”, por lo que los fiscales reclamaron que se cite a indagatoria a esos quienes formaron parte de ese esquema.

Entre las indagatorias requeridas por los fiscales Incardona y Eyherabide se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI, Distéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También se solicitó la ampliación de la indagatoria del ya procesado ex jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, y de los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros.

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.