PAULO GARCÍA: «PEDIMOS UNA JUNTA NACIONAL QUE CONTROLE EL COMERCIO EXTERIOR»
El secretario se refirió a la situación que atraviesa el organismo y cómo controlar los niveles de precios a nivel exterior.
El secretario general de APINTA, Paulo García pasó por los micrófonos de Radio Búnker para denunciar «el enojo de los grandes productores agropecuarios porque venimos reclamando mayor participación de los trabajadores en las decisiones del organismo».
El dirigente gremial se refirió en el programa El Dedo en la Llaga a la situación: «Nosotros días pasado sacamos una nota que llamamos declaración del Frente de Todos INTA sobre los alimentos, que es un grupo de compañeros que ante el intento de venta de los terrenos del INTA Castelar en el último gobierno macrista, el desguace y el achique de mil compañeros, se pudo lograr que no echen gente. Ahora sacamos una declaración sobre el precio de los alimentos. En esa nota nos mostramos preocupados por el precio de los alimentos y un poco poniendo en tema a las agroexportadoras que son las que son formadoras de precios. En la misma proponemos una junta nacional de granos o una estructura del estado que controle el comercio exterior, algo que se está viendo ahora por la cantidad de camiones que no se declaran y que se triangulan con Paraguay y otras fronteras».
«A partir de eso, salió un comunicado de algunas sociedades rurales de la zona y remarcan que los trabajadores hagamos nuestro trabajo y no opinemos. Ellos tienen la posibilidad de volcar su opinión, pero quieren ocultar la nuestra y pidieron a autoridades del INTA que tomen cartas en el asunto y que sancionen por la nota que realizamos. Ellos vienen controlando el consejo directivo, que está compuesto por diez integrantes y cinco de los cuales son controlados por ellos. La pequeña agricultura no tiene una representación en el consejo directivo. El estado les paga un sueldo por su tarea a estos consejeros. Ellos delinean lo que se investiga en la institución y siempre está destinada a lo que ellos pretenden», sostuvo con respecto a lo que ocurre con los diferentes empresarios que están en el Consejo Directivo de la institución.
Por último, se refirió a cómo seguirá su reclamo: «Desde nuestros lugares de trabajo estamos dispuestos a dar la pelea, en un organismo que les paga a los consejeros que representan a la sociedad rural más de 23 millones de pesos por 22 reuniones de trabajo durante el año pasado».
