SE SANCIONÓ LA LEY PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Este reclamo era llevado a cabo por los familiares y organizaciones bonaerenses que pedían por la norma desde hace más de media década y ahora se plasmó en este proyecto.
Luego de ser aprobado a mediados de septiembre en el Senado bonaerense, la semana pasada obtuvo el aval con cambios en Diputados, la Cámara alta le puso el gancho final al proyecto, que fue fruto del consenso entre los bloque mayoritarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que introduce cambios en el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal bonaerense.
Este proyecto, fue impulsado por las víctimas de delito, familiares y organizaciones de la provincia de Buenos Aires que desde hace más de media década vienen peleando por una ley bonaerense que los ponga en el centro de la escena del proceso penal y garantice la plena implementación de sus derechos.
En sus principales lineamientos la ley establece que «garantizará y asegurará a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo». Además, define que la asistencia letrada a las víctimas será gratuita «cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos.
Para eso se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales. Otro punto importante es que la ley prevé también que durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad. Por último, además del Consejo se crea el Observatorio de Víctimas de Delitos dentro de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, un organismo de «monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos». El Observatorio estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones, familiares, representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Senado y la Cámara de Diputados, con un total de seis legisladores.
