PEDIDO DE INDAGATORIA A EX FUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS
El fiscal Federico Delgado presentó un dictamen para que Javier Igual y otros funcionarios de Vialidad Nacional sean citados a declarar, bajo la sospecha de que recortaron información para armar causas contra sus antecesores.
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que el ex titular de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sea citado a brindar declaración indagatoria. Se sospecha que participó del armado de acusaciones falsas contra ex funcionarios del kirchnerismo por la construcción de la Autopista Presidente Perón.
El pedido de indagatoria fue presentado por Federico Delgado ante el Juzgado Federal N°6, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, y alcanza también a otros ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional. La fiscalía considera que habrían incurrido en delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En el dictamen, que fue presentado el 23 de octubre y hoy fue dado a conocer, Delgado sostuvo que las denuncias presentadas en su momento por la Oficina Anticorrupción (cuya titular era Laura Alonso), elaboradas con información entregada por Vialidad Nacional y contra ex funcionarios kirchneristas, se hicieron con documentación intencionalmente recortada por Agustina Morán, cuñada de Javier Iguacel, durante su paso por Vialidad.
Además, el dictamen detalló que -durante el mandato de Macri- Vialidad recurrió, en algunas oportunidades, a los mismos procedimientos de relocalización de vecinos para permitir el trazado de una autopista. Si, los mismos procedimientos que Iguacel denunciaba como irregulares.
“Alcanza con confrontar la denuncia efectuada en la causa madre y los términos de la resolución 1197/17 para afirmar que las mismas autoridades de la DNV que detectaron e impulsaron la denuncia por irregularidades en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15, luego utilizaron esas mismas herramientas legales y argumentos para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”, señaló Delgado.
Por ese motivo, el fiscal consideró que la intención de la denuncia presentada por Iguacel “fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal”.
“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que el Ingeniero Javier Iguacel como Administrador General de la DNV, Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia y la Dra. Agustina Moran, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”, agrega.
La denuncia de Iguacel fue presentada ante la Oficina Anticorrupción y apuntaba a los exfuncionarios de Vialidad, Nelson Periotti y Claudio y Manuel Keumurdji. El funcionario de Cambiemos los acusaba de haber firmado resoluciones irregulares entre 2012 y 2015 para la construcción de la Autopista Presidente Perón, entre los que había algunos relacionados con la relocalización de vecinos de Ezeiza que vivían en lugares por donde pasaría la traza.
La resolución 1649/12 aprobó un procedimiento general para la tramitación y gestión de aquellos “casos de titulares de terrenos con títulos imperfectos, contemplando el pago de indemnizaciones a los poseedores acreditados mediante una ficha censal, información sumaria y la suscripción de un convenio de cesión onerosa de posesión de inmueble a favor de la DNV”, según se recordó en el dictamen.
La denuncia en cuestión, que fue elaborada por la OA de Laura Alonso, recayó en el juzgado del fallecido Claudio Bonadío. Basándose en una declaración testimonial de Ricardo Stoddart (Jefe de Asuntos Jurídicos) y un informe de Diego Martínez (Ética y Transparencia de la DNV), el magistrado decidió procesar a siete de los catorce denunciados.
Los procesamientos fueron revocados en septiembre de 2019 por la Sala I de la Cámara Federal porteña que dictó la falta de mérito para los acusados, considerando que habían dictado “una normativa con el fin de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin título” y que eso “no contradice lo establecido en la ley de expropiación, sino que lo complementa, en tanto se regularon casos que no habían sido contemplados”.
En el pedido de indagatoria, Delgado señaló “que los comportamientos llevados a cabo por Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia de la DNV encuentran recepción jurídica en el delito de falso testimonio”
