El Gobierno del presidente Javier Milei continúa con el desmantelamiento de las instituciones estatales y dejará a más de 900 empleados públicos en la calle por el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se van a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos”, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina.
Esta es una medida que la tomó el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo y para justificar el acto Manuel Adorni subrayó que la INAFCI “tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.