EL GOBIERNO DESPIDIÓ A 7 MIL EMPLEADOS PÚBLICOS

Mediante la firma del presidente Javier Milei, en la madrugada del martes, quedó oficializado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023. De esta forma, se confirmó que el gobierno despidió a 7 mil empleados públicos contratados en el 2023. Además, se realizará un relevamiento a aquellos trabajadores estatales que están en funciones desde antes del 2023.

De esta forma, en el artículo primero, quedó establecido: “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero, no serán renovadas”. Cabe destacar que esta medida regirá desde el primero del año entrante. En principio, afectará a entes públicos como el ANSES, el PAMI y la AFIP.

Por otra parte, el boletín oficial afirmó que aquellos trabajadores de planta permanente, serán sometidos a un relevamiento. “Al personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero del 2023 y haya cambiado su modalidad”, sostiene el comunicado.

Sin embargo, en el mismo Boletín Oficial se permite la renovación “que el titular de cada jurisdicción evalúe como indispensable para el funcionamiento”. De todos modos,  deberá realizarse de “manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

Otro de los factores a destacar es que el DNU firmado por Milei y sus ministros, señala que esta normativa indica para aquellos contratos de 12 meses de duración. Por ende “se encuentran próximas a vencer las contrataciones efectuadas por el Estado Nacional”. Por esa razón, el gobierno despidió a 7 mil empleados públicos.

El decreto que había lanzado Alberto Fernández

Por otra parte, hoy también fue publicado el Decreto 77/2023 mediante el cual se prorroga la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado que había establecido el año pasado Alberto Fernández.

Se trata de una decisión que había tomado el Gobierno anterior en julio de 2022 mediante la cual “las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” no podían “efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.

Si bien la decisión regía hasta diciembre de este año, se habían establecido excepciones para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones si se trataban de “razones debidamente fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior de la jurisdicción o entidad requirente”.