LA OA DEJARÁ DE QUERELLAR EN CAUSAS PENALES
El titular de la Oficina, Félix Crous, argumentó la decisión y señaló que el organismo debe atravesar un proceso de reorganización por falta de personal.
El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, tomó la decisión de reorganizar el personal por falta de recursos en varias áreas y por tal motivo el organismo dejará de actuar como querellante en causas penales en las que intervino hasta el momento.
En declaraciones formuladas tanto a Radio 10 como a El Destape Radio, Crous argumentó la decisión y manifestó: “No somos un organismo parajudicial ni parapolicial. Nuestra tarea es menos vistosa, menos marketinera, pero es la que debemos hacer”. En esa línea, indicó que -según su concepción- la OA “no debe querellar”.
Luego de hacer pública la resolución, el titular del organismo expresó que la Oficina Anticorrupción “debería mantener sólo el desarrollo de políticas públicas y el registro de declaraciones juradas”, algo en lo que “sobra trabajo”, y aseguró que “cuando corresponda” la OA continuará presentando denuncias ante la Justicia en causas que vinculen hechos de corrupción con la función pública.
“Estamos haciendo lo que anunciamos que íbamos a hacer, reperfilando la Oficina hacia una que se dedica a la transparencia y dejando el rol parajudicial”, agregó Crous en las entrevistas que brindó esta mañana y se refirió a la OA que recibió de Laura Alonso, apuntando que encontró “un déficit general de la planta de personal, producto de la conducción anterior”.
“Este rol parajudicial que tiene la OA se superpone con otros organismos del Estado e implica la dilapidación de recursos que son escasos”, analizó, antes de explicar que lo que están realizando actualmente es “materializar una política que es convergente con las recomendaciones que le dio a la Argentina la OCDE, que fue convocada por el Gobierno anterior”.
En el comunicado publicado, se explicó que la Oficina “ha asumido el rol de querellante en numerosos juicios, a los cuales se han afectado la mayoría de los abogados de la dependencia” y que su desempeño “resulta redundante con el del Ministerio Público Fiscal”.
Aunque no participará como querella en futuros procesos judiciales, continuará como querella en aquellos que ya han iniciado y lo hará hasta que “culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina”.
Además, en los que finalizada la audiencia oral se haya concretado la pretensión punitiva, la OA desistirá del rol de querellante “cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”.
Entre los fundamentos de la decisión, se remarcó que “la Oficina debe afrontar su cometido específico en el trazado e implementación de políticas públicas en el marco y con las limitaciones presupuestarias que impone la situación general de los recursos públicos, situación que fuera oportunamente comunicada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
También mencionaron que, en lo que va del 2020, “la dotación de la OA sufrió 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”. “A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”, agrega la resolución.
En ese marco, “corresponde ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico, corrigiendo los desequilibrios que impactan en sus capacidades para el cumplimiento de su cometido principal, establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y las normas que la complementan”.
Crous encomendó a la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos para que, en consulta con las demás dependencias de la OA, “se revisen los protocolos de actuación administrativa interna del organismo” y en 30 días se eleve una propuesta para reasignar al personal en base a los «objetivos de la gestión”.
