En su habitual encuentro de los lunes, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió expresar públicamente su rechazo al proyecto de Ley que Alberto Fernández firmó antes de viajar a Europa y con el que pretende estandarizar medidas de cuidado en función de criterios epidemiológicos.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio manifestó hoy su rechazo unánime al proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso para promover la estandarización de los escenarios epidemiológicos y las facultades del Presidente y los gobernadores para dictar “medidas de cuidado de la población” para afrontar la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

En su reunión virtual quincenal, y con el aval de los jefes partidarios y parlamentarios presentes, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el ala peronista de la coalición opositora decidieron difundir como único tema su rechazo público a la iniciativa y convocar un encuentro presencial para la semana próxima.

“La estrategia sanitaria del Gobierno falló a pesar de tener el poder necesario. No le vamos a otorgar más poder a @alferdez”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, tras el breve encuentro.

Cornejo volvió a cuestionar la estrategia multilateral del Gobierno para la provisión de vacunas contra la Covid-19, que ya posibilitó la llegada al país de más de 12 millones de dosis recibidas hasta el momento, a las que comenzarían a sumarse a partir de fines de este mes unidades de AstraZeneca producidas por Argentina en conjunto con México, según anunció hoy el presidente Alberto Fernández desde Lisboa en el marco de su gira europea.

“Lo que sí necesita es una gestión clara consiguiendo las vacunas para todos los argentinos”, criticó el titular del Comité Nacional de la UCR.

Desde sus bloques parlamentarios, se mostraron en idéntica postura y el titular del interbloque en Diputados, el cordobés Mario Negri, publicó en sus redes sociales: “No vamos a votar superpoderes para el Presidente. Desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro DNU”.

El expresidente Mauricio Macri no habló durante la reunión virtual, en la que se eludió referencias a su vacunación en Miami, algo que algunos dirigentes del espacio habían criticado por lo bajo y otros públicamente, como el radical Julio Cobos.

Es que el exmandatario había dicho meses atrás que no se vacunaría hasta que “el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales” estuviera inmunizado.

Del encuentro virtual participaron además, por el PRO, su titular Patricia Bullrich; el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Cristian Ritondo; además de los radicales Luis Naidenoff y Martín Lousteau; y Maximiliano Ferraro y Juan López, por la Coalición Cívica.

En cambio, esta vez no se conectaron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Maricel Etchecoin y Miguel Pichetto.

La intención del Gobierno es enviar al Congreso en las próximas horas el proyecto de ley que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y las facultades del Presidente y los gobernadores para dictar “medidas de cuidado de la población” para afrontar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, sin caer en la politización ni en la judicialización de la pandemia.

Antes de emprender su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández dejó firmada la iniciativa, que contempla puntos específicos para hacer frente a la pandemia y que tiene “similares características” a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos en esa materia.

El proyecto será presentado en las próximas horas en el Congreso y el Gobierno nacional apunta a que sea aprobado antes del 21 de este mes, cuando vence el actual DNU.

Allí el Poder Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no sólo estarán facultadas, sino también aconsejadas, a aplicar distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a la virtual, un tema que dio origen a la judicialización de las políticas públicas adoptadas frente a la pandemia.

 

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