LA MADRE Y LA HERMANA DEL FISCAL NISMAN FUERON EMBARGADAS POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

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Alberto Nisman fue hallado muerto, con un disparo en la cabeza, el 18 de enero de 2015.

Lo dispuso el juez Martínez de Giorgi, a través de una resolución dictada el pasado 24 de noviembre. El perito informático Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón también fueron embargados.

A cuatro días del sexto aniversario del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y a su hermana, y ordenó una investigación patrimonial, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero, luego de que se hallara una cuenta no declarada en Estados Unidos, cuya apoderada era la madre del fiscal.

La medida fue dispuesta por Martínez de Giorgi el pasado 24 de noviembre, luego de que la Cámara Federal porteña lo instara a actuar con “celeridad” en la investigación en la que, según la resolución, se descubrió que la cuenta tenía 633.000 dólares.

En esa línea, ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá decidir si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez de Giorgi en la causa que tiene como querellante a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal, ya apelaron a dicha resolución.

“Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito”, argumentó el magistrado en el fallo.

Entre las medidas dispuestas por Martínez de Giorgi, figura un informe del patrimonio de los imputados en la causa: Sara Garfunkel (madre), Sandra Nisman (hermana), el técnico informático Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón.

El juez pidió a los peritos encargados del informe analizar los lazos “parentales, conyugales y societarios”, además de “herencias recibidas” e historia laboral de los involucrados, entre otros aspectos.

También pidió que sea incluido el propio Alberto Nisman, tomando en cuenta la fecha en que ingresó al Poder Judicial y solicitó informes de la causa que tramita su sucesión en el fuero civil.

“Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002”, señaló en la resolución.

Además, dictó el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.

El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si “tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí”, cuya realización fue ordenada a la “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado” dependiente de la Corte Suprema.

También intervino las empresas de Picón, imputado porque un vehículo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario.

El fiscal tenía un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa “Palermopack SA”. Para ello designó un “interventor veedor informante en las firmas Palermo Pack SA, Starpack SA e Easy Pack SA por doce meses y obligación de presentar informes cada 30 días”.

Respecto a cuentas bancarias, dispuso el embargo preventivo salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios.

Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso como juez subrogante del juzgado federal 11, luego del fallecimiento de su titular Claudio Bonadio.

Esta investigación se abrió tras la muerte de Nisman, quien fue hallado con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su domicilio de Puerto Madero, porque su exesposa y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reveló ante la Justicia la existencia de una cuenta en el banco Merril Lynch con 633.000 dólares, de la que dijo no haber estado enterada.

Con Nisman como apoderado, la cuenta estaba a nombre de su madre y su hermana y del técnico informático Diego Lagomarsino, procesado a su vez en la causa que investiga la muerte del fiscal. Dicha cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Damián Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014.

Martínez De Giorgi pidió a la Justicia de San Isidro y San Martín informes sobre el financista.

En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza además la compra de departamentos y cocheras en un fideocomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.

La investigación estuvo en un primer momento a cargo del jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, pero el magistrado fue apartado del caso por los entonces camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes hicieron un planteo de las defensas por supuesta pérdida de imparcialidad.

Canicoba Corral había citado a declaración indagatoria a Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y Picón.

Todos están imputados por supuestas conductas realizadas “con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes” de Nisman, “permitiendo con su accionar que se introduzcan fondos de origen espurio en el circuito legal”, según el dictamen fiscal que abrió la pesquisa.

El caso pasó por sorteo al juzgado de Bonadio, las indagatorias no se concretaron y el juez quedó a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a un recurso de la defensa de las familiares de Nisman, aún no resuelto.

El abogado de ambas, Pablo Lanusse, pidió la nulidad de la incorporación a la causa de un informe del “Fincen”, un organismo que investiga maniobras de lavado de activos en Estados Unidos y en el que se detallaron los movimientos de la cuenta, que no estaba declarada en Argentina.

También está pendiente de resolución un planteo de incompetencia para que el caso pase al fuero penal económico.

 

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