El Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino inauguraron la delegación de Merlo de la Defensoría del Pueblo Bonaerense.

En el marco del día en que se conmemora la vuelta a la democracia se abrieron las puertas de esta nueva sede que se encuentra ubicada en Perú 772 entre Juncal y Libertad en Merlo Centro. El organismo tiene carácter constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, así como de quienes estén en tránsito por su territorio, de los derechos de  cívico, político, social, económico y cultural.

El Intendente local, Gustavo Menéndez aseguró que es un “día histórico” ya que “los vecinos de Merlo van a poder contar con un servicio para mejorar su calidad de vida respecto al ejercicio pleno de sus derechos”.

Por otro lado, el intendente aseguró que el flamante Defensor del Pueblo del Municipio de Merlo, Federico De Arma, “es una persona muy querida, de una familia muy vinculada  a la política, al partido radical y que podrá  ampliar la mirada que tenemos desde el estado”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires señaló que ” Merlo es un distrito complejo con mucho trabajo y que hace 5 años ha empezado a renacer y a ampliar derechos y la defensoría tiene que ver con eso: cuidar, acompañar y proteger al ciudadano que viene con un problema para  tratar de darle una respuesta, a veces puede ser positiva y a veces no”.

“La defensoría lo que pretende es complementar el trabajo del estado nacional, provincial y municipal para que el vecino encuentre la solución que no pudo encontrar” concluyó Lorenzino.

Entre los reclamos que se pueden realizar se incluyen los de discriminación y/o maltrato por parte de instituciones estatales o entes privados; Mal funcionamiento del transporte público; Quejas contra obras sociales y prepagas; Cualquier tipo de inconveniente en materia de salud pública; Violencia de género; Maltrato por parte de personal de fuerzas de seguridad; Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; Tramitación de DNI, Pasaporte y documentación de cualquier tipo; Quejas contra obras sociales y prepagas; errores en la aplicación de multas de tránsito; mal funcionamiento del sistema de recolección de residuos, entre otros.

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