FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES FIRMARON UNA CARTA PIDIENDO POR LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA

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El texto afirma que “Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal”.

El próximo sábado 16 de enero se cumplirán cinco años de la detención “arbitraria” de la líder de la agrupación Tupac Amaru. El texto, con más de 100 firmantes, asegura que Sala es perseguida judicial, política y mediáticamente por Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia jujeño.

Funcionarios, dirigentes políticos y referentes de movimientos sociales, culturales y de derechos humanos pidieron hoy la libertad de Milagro Sala, la líder de la agrupación Tupac Amaru que el próximo sábado cumplirá cinco años detenida, y denunciaron que la “persecución política, judicial y mediática a la que es sometida” tiene como principales actores al gobernador jujeño Gerardo Morales y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Lo hicieron mediante una carta abierta titulada “Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala”, que hasta el momento cuenta con más de 100 firmas, y que comienza afirmando que “este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización”.

Según el texto, sus objetivos son “dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre”.

“La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy”, denunciaron en la solicitada.

De ese modo, también señalaron que dichos actos tienen como objetivo “diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar”.

El escrito también destaca que Milagro Sala “dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social” y considera que “está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”.

Además, remarcan que “Morales (el gobernador) logró eliminar formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulación de la Tupac Amaru” pero que “no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y la organización continúan de pie”.

Entre los funcionarios firmantes se encuentran los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.

Los firmantes señalan que en estos cinco años “también lograron acusarla” de “asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión” así como “sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida”.

“Sin embargo, Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El auto de requerimiento de juicio no contiene indicación de fechas, ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal”, denunciaron.

En este sentido, destacaron que “la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión. Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo”.

“Para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente”, especificaron.

“Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, sintetizaron los más de cien firmantes.

Firmaron también la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; así como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Adhieren asimismo legisladores y referentes como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la presidenta de Télam, Bernanda Llorente; la exprocuradora Alejandra Gils Carbo, el padre Francisco “Paco” Oliveira (Cura en Opción por los Pobres), José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, entre otros.

 

 

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