ESPIONAJE ILEGAL: QUEDÓ SUSPENDIDO EL TRASPASO DE UNA CAUSA A COMODORO PY

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El juez Borinsky le indicó al juez federal Juan Pablo Augé que deberá requerirle a la Cámara Federal porteña la devolución de los expedientes digitales enviados la semana pasada.

El juez de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, habilitó el tratamiento de un recurso extraordinario presentado por la querella de Cristina Fernández de Kirchner para que la causa siga tramitándose en Lomas de Zamora.

El traspaso de la causa por espionaje ilegal al Instituto Patria y el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner durante el Gobierno de Cambiemos de Lomas de Zamora a Comodoro Py, quedó momentáneamente suspendido, por un recurso extraordinario presentado por la querella de la vicepresidenta para evitar que esto suceda.

El titular de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, emitió hoy un proveído simple con el que habilitó el tratamiento del recurso presentado por el abogado Carlos Beraldi en contra del fallo de la propia Casación que dispuso que el caso de espionaje pasara de Lomas de Zamora a Comodoro Py.

El recurso extraordinario será tratado porque fue presentado dentro de los plazos establecidos y cumple con todos los requisitos formales para su tramitación y genera “efectos suspensivos” sobre la decisión recurrida, según explicaron a Télam fuentes judiciales.

En el proveído emitido hoy, el juez Borinsky le indicó al juez federal de Lomas de Zamora que deberá requerirle a la Cámara Federal porteña la “devolución” de las actuaciones que les remitiera la semana pasada.

El juez Auge ya le había enviado a la sala I de la Cámara Federal porteña los expedientes digitales de las causas en la que se investiga el espionaje político ilegal y la inteligencia ilícita desplegada sobre el Instituto Patria y el domicilio de la expresidenta, pero había supeditado el envío de los legajos físicos hasta el momento en que quedara definido el juzgado en el que tramitaría el expediente.

A partir de ahora, la sala IV tiene 10 días para definir se le habilita la vía para que el recurso extraordinario llegue a la Corte Suprema de Justicia, o si no lo hace, y para este último caso el abogado Beraldi ya anunció que irá en queja.

Durante el tiempo que la Casación le dedique a la tramitación del recurso, el juez Auge podría tomar decisiones en el expediente en el que, por ejemplo, quedaron sin resolver los pedidos de procesamientos a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de imputados, formulado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Los fiscales Incardona y Eyherabide pidieron que Arribas y Majdalani sean procesados por este expediente, algo que ya hizo Ramos Padilla por el espionaje en las bases del AMBA.

Entre los argumentos que esgrimió el abogado de la vicepresidenta para solicitar que la causa quede en Lomas de Zamora destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició y la “gravedad” de los hechos que se investigan.

“Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones”, señaló el abogado en la presentación a la que accedió este medio.

La decisión de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal fue tomada por la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.

La mayoría eventual de Casación ordenó el pasado viernes que se debían remitir a Comodoro Py la causa por vigilancia al Instituto Patria y también la que investiga la trama bautizada como “Súper Mario Bros” y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario.

El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción es que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.

El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, pidió la intervención de la CSJN y una resolución de forma inmediata.

 

En contraposición, Beraldi consideró que “la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad”.

En relación a la gravedad de los hechos investigados, el letrado pidió que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales”.

Hasta hoy, la causa por espionaje al Instituto Patria tiene con procesamiento al mismo Arribas, a su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, al entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y el director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, todos con imputaciones confirmadas por la Cámara Federal de La Plata.

“Un desplazamiento (de las causas) a esta altura podría neutralizar tales avances, o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios”, evaluó Beraldi.

Para la querella que impulsa la vicepresidenta, la mudanza de las actuaciones implicaría “el traslado (digital y/o físico) de múltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos; el estudio y análisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definición de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignación de recursos; la distribución de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitación de instancias de recusación y excusación de los nuevos funcionarios intervinientes”.

Luego de la enumeración de efectos negativos sobre la investigación penal, Beraldi concluyó: “En definitiva, (el cambio implicaría) una puesta en conocimiento y posible revaluación del curso de las actuaciones que sólo podría traducirse en un retraso importante”.

 

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