El ex intendente de Pilar planea volver a competir en las elecciones de este año, aunque resta saber si en el distrito o por la Provincia. En paralelo, una austera campaña con el slogan ‘Nico Vuelve’. Además, canceló un viaje al exterior por la presión judicial de no dilatar su declaración en la justicia por varias causas por presunta corrupción.

El ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, comenzó a levantar el perfil. No a título personal; sino, de rebote por dos cuestiones que lo tienen en vilo en el futuro inmediato: la campaña electoral y las causas judiciales en su contra.

Desde lo político, durante el último fin de semana se realizó una austera campaña que tuvo mucho rebote en las redes sociales en la que se mostraba a dirigentes y militantes con la consigna ‘Nico Vuelve’. El objetivo es comenzar el camino para recuperar la intendencia en el 2023.

«Estamos trabajando para presentar este año la mejor alternativa posible al oficialismo», resaltaron desde su círculo más cercano. La opción que más fuerte se baraja es la de encabezar una de las listas para concejales de Juntos por el Cambio. Aunque también se deslizó la posibilidad de alguna senaduría bonaerense.

La campaña fue motorizada en el territorio, en parte, por tres concejales: Jésica Bortulé, Analía Leguizamón y Flavio Álvarez.  Todos continúan apoyando al ex jefe comunal. Además, vencen sus mandatos y tienen la intención de ir por la renovación de sus bancas en el HCD. De modo que a una lista encabezada por Ducoté, le podrían seguir esos nombres.

Por otra parte, está la cuestión judicial. Tras posponer su indagatoria la semana pasada en la que debía alegar su defensa frente a los delitos de “malversación de caudales públicos” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, Ducoté había planificado inmediatamente viajar a España y declarar vía remota.

Finalmente, con la presión a cuestas y el revuelo que esto podía generar, optó por cancelarlo y prestó declaración este miércoles.

Las tres causas en cuestión son las denominadas ‘Peruzzotti’, ‘Monterrey’ y ‘Microcréditos’ en las que también están implicados funcionarios que integraron su gabinete y el de Mauricio Macri y empresarios. Se investiga el destino de $460 millones. 

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