MORÓN: DENUNCIARON VENTAS DE LICENCIA DE CONDUCIR A CIUDADANOS DE OTROS DISRITOS
La Oficina Anticorrupción y Acceso a la Información Pública del municipio de Morón realizó una denuncia penal contra funcionarios del ex intendente Ramiro Tagliaferro por la supuesta tramitación y entrega ilegal de licencias de conducir.
Aparentemente, durante los últimos años, se habrían falsificado domicilios reales de personas (muchas de origen extranjero) para que obtuvieran el registro automotor, a pesar de estar legalmente radicadas en otros municipios.
La fiscal en lo Criminal y Correccional Paula Salevsky deberá investigar la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documentación pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
La denuncia fue presentada por la directora de la Oficina Anticorrupción María José Martínez. En el escrito figura que una persona de nacionalidad paraguaya se presentó en la Dirección de Transporte y Licencias solicitando que se modifique su licencia, ya que difería el domicilio allí consignado con el de su DNI: «el ciudadano manifestó que desde que se mudó al país, vivió en La Matanza, nunca tuvo domicilio en Morón». Allí fue notificado de la irregularidad, porque las licencias se expiden en los municipios que corresponden al domicilio que figura en el DNI.
“El sr. Garay explicó que en el mes de enero de 2018 un vecino le dijo que se podía tramitar la licencia en Morón, poniéndolo en contacto con una persona que le cobró $3.000 y le dio un comprobante de solicitud de turno, luego de lo cual le emitieron la licencia (sin el pago correspondiente de tasa municipal, provincial o nacional, y sin rendir examen psicofísico, teórico ni práctico de manejo) con fecha 20 de enero de 2018”, explica la denuncia.
A raíz de este hecho, comenzaron las investigaciones, en las que se determinó que en las licencias emitidas los últimos meses figuran domicilios en lugares donde no hay viviendas o donde radican otras personas, además de no contar con la documentación correspondiente al trámite.
Según pudo constatarse en esa primera investigación administrativa habría un centenar de casos similares solo entre septiembre y diciembre último, lo que permite proyectar una maniobra muy extendida que podría significar una estafa de varios millones de pesos.
